LA MIRA EN LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

Daniel Moreno *

               Nuevamente se escuchan voces reclamando la eliminación de todo tipo de regulaciones a la actividad de los profesionales en el país. Quienes hoy hablan son organismos internacionales. No es la primera vez que se escuchan y esto ocurre nueva y paradojalmente, en coincidencia con la asunción de Domingo Cavallo como Ministro de Economía. Es como si se quisiera festejar el décimo aniversario del decreto de desregulación de 1991 que también y por curiosa coincidencia fuera dictado en base a una delegación de facultades hacia el Poder Ejecutivo, cierto que por entonces, violando la Constutición de manera más abierta y desprolija que ahora. Es decir que no es nueva en Cavallo cierta animadversión hacia los Colegios y sobre todo, hacia el botín que apetece con avidez, las Cajas de Previsión para Profesionales.

               La estrategia de los personeros del establishment es enfrentar a los profesionales con el resto de la sociedad, bajo el argumento de la falta de competitividad que engendran los costos de la colegiación y las cajas de profesionales. Los profesionales constituyen uno de los grupos sociales que dan el perfil de estructura básica de nuestra sociedad y sus intereses son legítimos en cuanto coinciden con las metas y objetivos de la Nación. Ellos, como la mayoría del pueblo argentino anhela un país con estabilidad, pero integralmente desarrollado y con justicia social.

               Por cierto que es necesario que nuestras empresas sean más competitivas, pero no es el costo del control profesional ni el de los costos de su seguridad social, los que no las hacen competitivas. Es el conjunto de las variables económicas, el que impiden producir en condiciones razonables.

               Si en lugar de ajustes y recesiones, lo que imperara fuera el desarrollo de las potencialidades del rico país, habría inversiones de riesgo que crearían el mercado laboral en todos los niveles de nuestra población potencialmente productiva.

               Ayer fue la excusa del acceso a viviendas dignas, el incremento de los haberes previsionales y argumentos que esconden el verdadero objetivo.

               Son la mayor parte de los profesionales quienes apoyan estas reivindicaciones del conjunto de la sociedad, y son ellos quienes deben soportar esta burla como pretexto para desarticular sus formas de organización que hace más de 50 años funcionan en el país. Fueron ellos mismos quienes resolvieron la cobertura de activos y pasivos del sector profesional en base del esfuerzo propio, gobernando y administrando todos los intereses que les competen, sin la intervención del Estado, a través de instituciones esencialmente democráticas.

               Este intento por privar a los argentinos de un inalienable derecho entra en colisión con normas jurídicas, con el poder de policía otorgado por las provincias a los organismos profesionales, con la necesidad de preservar el nivel de eficiencia de los actos otorgados por los matriculados profesionales. Se trata de eliminar uno de los últimos elementos de cohesión de los argentinos.

               No parecen conformes estos organismos con la destrucción de las empresas del Estado, de las economías regionales, de los partidos políticos, del desprestigio de los poderes públicos, de la desarticulación del propio Estado nacional, sino que acometen sobre este objetivo, que denunciamos.

               El dictado de las normas atinentes a la regulación de las actividades profesionales, es un poder originario de las provincias y no delegado a la Nación. Las legislaturas establecieron leyes que tienen vigencia y cuya solidez ha sido ratificada por el máximo organismo judicial de la Nación. Ejemplo de ello es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en los autos caratulados: “Cadoppi, Carlos Humberto c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa”, en la que rechaza la demanda interpuesta ante ese tribunal, por el profesional y donde se reconoce como poder no delegado de la Provincia la reglamentación de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones.

               Tienen total actualidad estos principios rectores, al ser ratificados por las Convenciones constituyentes de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires, que institucionalizaron los cuerpos intermedios y, específicamente, colegios, consejos y las cajas de seguridad social para los profesionales.

               La ideología neoliberal, con su exclusivo “criterio de caja”, nos aconseja que hay que bajar costos, en pro de la competitividad. En ese sentido toman los costos originados en el control del ejercicio de la profesión como algo que atenta contra la prosperidad de las empresas y consumidores.

               Ignora este razonamiento, una cuestión cualitativa, relacionada con el servicio que los profesionales brindan a la sociedad. Desconoce que la colegiación para el ejercicio de los servicios profesionales implica habilitación, control, crecientes metas académicas y ejercicio efectivo de potestades disciplinarias como fuera consagrado en la Constitución provincial. Tampoco expresan quiénes serán los responsables de evitar la precarización del trabajo profesional.

               No debemos abundar en mayores consideraciones sin señalar que detrás de los falaces argumentos de competitividad se esconde la verdadera intención de los lenguaraces del poder económico: quedarse con los fondos que recolectan estas instituciones, como se quedaron con los fondos de todos lo aportes jubilatorios de la sociedad.

               No existen razones objetivas para acabar con las regulaciones.

               Existe, sí, el objetivo de privar a los argentinos de una herramienta para su desenvolvimiento y a su vez eliminar un escollo a sus mezquinos intereses.